Frágiles ante el hambre

La mortalidad por deficiencias nutricionales y anemia presenta en México cifras inaceptables; en 2007, el INEGI reportó 8 mil 765 fallecimientos por desnutrición más 3 mil 410 muertes por anemia.

Un sistema de políticas públicas eficiente y eficaz es aquel que tiene la capacidad de adaptarse para responder a cambios repentinos de los contextos y escenarios en los que se aplica.

El diseño de sistemas de políticas flexibles parte del reconocimiento de que las condiciones iniciales de arranque en el que fueron diseñadas, puede modificarse parcial o radicalmente y que, ante estos cambios paulatinos o súbitos, debe tenerse la capacidad de adecuarse y generar nuevas alternativas de solución a los problemas que se presentan.

Llama la atención el hecho de que ante la magnitud de la crisis que aún no termina, el sistema de políticas públicas para el desarrollo económico y social no haya sido siquiera revisado o sometido a una rápida evaluación para diagnosticar si cuenta con las capacidades para responder a las dimensiones de los problemas que tenemos.

En ese sentido, debe destacarse que quizá el problema que más nos confronta y nos debe llevar a la movilización es el hambre, el cual aún no ha sido medida ni comprendida en su magnitud por parte de las autoridades, lo que nos tiene situados como un país que está entre la opulencia y las carencias extremas.

La carencia de información

La devastación económica que significó la crisis que inició en septiembre de 2008 y que no termina, significa que hay millones de personas que, al perder ingreso y patrimonio, engrosaron las filas de la pobreza, y que millones que ya eran pobres pasaron a condiciones de miseria. Esta situación debió generar una reacción inmediata de todos los gobiernos para diagnosticar cuántas personas viven con hambre y diseñar nuevas estrategias de intervención para atacar frontalmente y de inmediato los problemas asociados a la pobreza alimentaria: desnutrición, deserción escolar, bajo aprendizaje, rezago escolar, mermas en la salud e incremento de enfermedades prevenibles, etcétera.

Un diagnóstico así era no sólo deseable, sino urgente, y hasta el momento todos los gobiernos, desde el Federal hasta los municipales, han sido omisos ante una responsabilidad política y ética de esta magnitud.

En esa lógica, carecemos de indicadores adecuados para repensar la política pública y para relanzar nuevos programas tendientes a la garantía plena del derecho a la alimentación y la salud, que el artículo cuarto constitucional garantiza a todas las niñas y niños del país. Comenzar por la erradicación de la desnutrición infantil sería un buen indicador de que las prioridades de los gobiernos están centradas en los derechos humanos.

¿Qué si sabemos?

Un tema que no ha querido reconocer el Gobierno es que los escenarios de la cuestión social cambiaron radicalmente a partir de finales de 2008. Por ello, a pesar de la solidez e importancia de instrumentos como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ensanut, 2006), son ya obsoletos, no por su consistencia metodológica, sino porque estamos ante una realidad distinta.

En estas consideraciones debe señalarse que la consecuencia más grave de la desnutrición es la muerte, y para un país como el nuestro, los registros oficiales son inaceptables.

De acuerdo con los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2007 se registraron en el país 514 mil 420 defunciones, de las cuales, 8 mil 765 ocurrieron por deficiencias nutricionales o desnutrición; esto representa 1.7% del total, lo cual para un país con los recursos y capacidades como el nuestro, es éticamente insostenible.

A estas muertes deben agregarse las muertes por anemias, las cuales ascendieron en 2007 a 3 mil 410 casos, además de los fallecimientos ocasionados por las enfermedades intestinales infecciosas, las cuales ascendieron en 2007 a 3 mil 739 muertes. Y si bien éstas no tienen como causa directa a la desnutrición, sí están relacionadas con malos hábitos alimenticios o de higiene, ambos ligados a la pobreza y la pobreza extrema.
Así, sumadas las muertes por desnutrición, anemias y enfermedades intestinales infecciosas, se tiene la cifra de 15 mil 914 decesos, es decir, 3.09% del total de fallecimientos del país.

Para darle dimensión a esta problemática, vale la pena señalar que el número de muertes por accidentes de tráfico en ese mismo año fue de 15 mil 344, es decir, casi 600 muertes menos que las provocadas por el hambre.
La cifra de muertes por falta de una adecuada alimentación supera también a la generada por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (15 mil 430 decesos), o la insuficiencia renal, la cual provocó la muerte de 10 mil 466 personas en el año referido.

La insuficiencia de los programas

Si la política social se evalúa, no por el número de apoyos entregados, sino por la cantidad de muertes en exceso evitables –como son las anemias y las deficiencias nutricionales, puede sostenerse que la que tenemos constituye un rotundo fracaso.

Una pregunta que debe hacerse la Secretaría de Desarrollo Social y todas las dependencias que tienen que ver con el desarrollo social, en particular la Secretaría de Agricultura, es si no deben modificar sus objetivos primarios y reorientarlos pensando en un país de oprimidos.

En ese sentido, el objetivo número uno a alcanzar en este Año del Bicentenario debería ser el de construir una gran cruzada contra la desnutrición, y reducir a cero el número de muertes por deficiencias en la alimentación de las personas durante los próximos tres años.

Las cifras de que disponemos muestran la necesidad de revisar la estructura programática del Gobierno. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), por citar un ejemplo, ha dado evidencias de cómo en países con altos niveles de desnutrición, los programas más eficaces son los de asistencia alimentaria universal para menores de 12 años; esto no sólo mejora las condiciones de salud, sino que ayuda a incrementar la matriculación, la permanencia y el rendimiento escolar de las niñas y los niños.

Muertes por desnutrición

Si morir por hambre constituye una muerte atroz, lo es más cuando los afectados son niños.

Por ello, es importante destacar que de las 12 mil 175 muertes anuales por deficiencias nutricionales y anemias, 531 ocurrieron entre menores de un año (4.36% del total de defunciones por esa causa).

Otros 305 decesos ocurrieron en el grupo de edad de uno a cuatro años (2.5%), y 186, en el grupo de 5 a 14 años (1.52%).

Llama la atención que en el grupo que va de 15 a 24 años se supera el número de muertes por desnutrición y anemias, con respecto del grupo de 5 a 14 años, pues en 2007 alcanzó una cifra de 238 fallecimientos para ese grupo (1.95% del total).

Uno de los grupos de edad con menor número de defunciones por desnutrición es el de los 25 a 34, en el cual se registraron 162 defunciones por esa causa
En el grupo de edad de 35 a 44 años se incrementan los fallecimientos, situándose en 407, durante 2007. A medida que se incrementa la edad, crecen las muertes por desnutrición. Así, para el grupo de 45 a 64 años, las defunciones registradas en 2007 fueron mil 203 (10% del total). Finalmente, está el grupo de los mayores de 65 años, en el cual se concentra el grueso de la mortalidad por desnutrición y anemias, pues el total de fallecimientos por estas causas fue de 8 mil 893.

(Tomado de la blog Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre)