
MARTÍN PIÑEIRO*
germanrojask@gmail.com
La reciente alza de los precios de los alimentos a nivel planetario y su inmenso impacto en la seguridad alimentaria, la pobreza y el descontento social, ha puesto de relieve, una vez más, la creciente interdependencia mundial y la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza global y colaboración entre todos los países.
Uno de los principales mecanismos institucionales que existen son la ONU y sus agencias especializadas, así como también otras organizaciones internacionales. Un segundo elemento son los tratados y convenciones internacionales, la mayoría de los cuales requieren que, para su aprobación y puesta en práctica, sean las correspondientes agencias especializadas de la ONU las que participen en el largo proceso que conduce a su formulación e implementación.
Este es un concepto generalmente aceptado y que ha sido uno de los principales argumentos usados por muchos países, especialmente los desarrollados, para apoyar consistentemente el financiamiento del sistema de la ONU.
Se ha reconocido de muy diversas maneras el papel crucial que tienen que jugar los organismos internacionales para hacer frente a la actual crisis alimentaria. El más reciente, y probablemente el más significativo desde un punto de vista político, ha sido el llamamiento que ha hecho el G—20 a diversas organizaciones internacionales para que hagan propuestas específicas sobre cómo enfrentar la nueva volatilidad de los precios de los alimentos y sus impactos negativos sobre la pobreza y el hambre.
Es sorprendente y preocupante a la vez ver que, tanto esta combinación de nuevos y urgentes problemas mundiales como las solicitudes de acción formuladas a las organizaciones internacionales, están siendo acompañadas por un comportamiento contradictorio en términos del financiamiento de estas mismas organizaciones, o al menos de algunas de ellas.
La FAO, junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el IFAD, han sido las agencias líderes del sistema de la ONU que se han ocupado de los problemas de la seguridad alimentaria, la pobreza rural y la producción alimentaria. Estas instituciones son instrumentos cruciales en cualquier respuesta global de largo plazo a la crisis alimentaria que ahora se está desarrollando. Pese a este hecho más bien obvio, algunos países desarrollados están haciendo saber que ellos podrían reducir el financiamiento de las agencias internacionales por razones que van desde cuestiones que dicen estar relacionadas con la eficiencia en el uso de los recursos a nivel global, hasta la crisis económica que muchos de ellos enfrentan.
Sin embargo, parecería que debilitar a una organización internacional que es la que más puede ayudar a dar respuesta a la actual crisis alimentaria que se está desarrollando en todo el mundo, no es precisamente la prioridad más adecuada. Todos aquellos que tienen interés en la agricultura y la seguridad alimentaria mundial deberían estar preocupados por esta posible tendencia y deberían hacer todos los esfuerzos del caso para dejar en evidencia sus posibles consecuencias negativas sobre nuestras capacidades globales de construir un mundo seguro del punto de vista de los alimentos.
Esto no significa que no se deberían considerar otras posibles fuentes de financiamiento o explorar otras herramientas de cooperación. En el caso de la FAO, esta discusión subraya la importancia de que los países emergentes, incluidos los BRICS, que no han sufrido tanto los efectos de la crisis económica internacional, asuman un papel más protagónico en el apoyo a la Organización y en la ejecución de sus programas. Esto conlleva su muy activa participación en los temas de la FAO y en el reforzamiento de actividades y programas que promueven la cooperación Sur—Sur en el marco de las iniciativas que impulsa la FAO. Evidentemente, esa mayor colaboración de los países de ingresos medios en la Organización no podrá substituir el papel imprescindible de los países desarrollados en su posición de grandes donantes de la FAO. Pero sí podrá representar una fuente adicional importante de recursos técnicos y, por qué no decir también, financieros.
Hay varios ejemplos de este tipo de actividades que muestran que importantes experiencias desarrolladas en países de ingresos medios han sido aplicadas exitosamente en otros países en desarrollo. Sólo para citar algunos ejemplos, tenemos la cooperación de Argentina, Chile y Brasil con Haití; de Brasil con África y diversos países de América Latina; y de China con África y las islas del Pacífico. Estas incipientes experiencias pueden servir como ejemplo para otras iniciativas más importantes y ambiciosas, que estén claramente focalizadas en el mejoramiento de la seguridad alimentaria y en la reducción de la pobreza rural.
En síntesis, los países de renta media podrían jugar un papel importante y complementario en el apoyo a la cooperación Sur—Sur a través de la FAO, como propone el candidato a director general de la Organización, José Graziano da Silva. Con propuestas innovadoras, como la relativa a la cooperación Sur—Sur, su experiencia como arquitecto del programa brasilero Hambre Cero, sus actividades en el ámbito político nacional e internacional, y la convicción de que es posible avanzar en la promoción de la seguridad alimentaria y de la producción agrícola sostenible, su elección como director general de la FAO le daría una necesaria bocanada de aire fresco a la Organización.
*DIRECTOR GRUPOCEO. ARGENTINA.
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